Su defensa fue asumida principalmente por el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo y se desplegó una amplia campaña y movilización nacional e internacional de organizaciones de familiares y de #DDHH bajo el lema “No a la pena de muerte para los luchadores populares”, difundida principalmente a través de boletines, afiches, panfletos, cartas y denuncias de organismos internacionales. Finalmente se revocaron las sentencias de pena de muerte por presidio perpetuo en el caso de cuatro presos políticos; en otros casos las penas fueron cambiadas por largos años de presidio.

La última vez que se aplicó la pena de muerte en Chile fue en enero de 1985, con el caso de los “psicópatas de Viña del Mar”. Sin embargo, su derogación se produce recién en 2001 mediante Ley 19.734. Esto fue considerado un gran logro en el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de DD.HH.

A pesar de estos avances, esta pena sigue vigente en el Código de Justicia Militar, tema que aún es abordado por las organizaciones y activistas de DDHH, pues se trata del castigo más cruel, inhumano y degradante, y que constituye una violación del derecho a la vida.

Archivos Fondo Ernestina Concha, Kena Lorenzini y Codepu.