Marcia Miranda: “No puedo seguir viviendo así con todo lo que me han hecho…”

Era un 23 de noviembre de 1984, cuando Marcia Elena Miranda Díaz, una joven de tan solo 24 años, decidió poner fin a su vida inmolándose frente a la Iglesia San Matías Apóstol, de Lota. Meses antes había sido víctima de secuestros, golpizas, interrogatorios y torturas que la dejaron muy afectada. El primero de ellos ocurrió el 5 de septiembre, mientras Marcia, que participaba en un grupo de la pastoral, se encontraba borrando rayados en contra del el párroco de Lota Alto, Bernardo Durier. Fue en ese entonces cuando apareció un grupo de desconocidos, deteniéndola en plena vía pública para posteriormente llevarla al retén Caleros. Luego de dos horas siendo interrogada y golpeada, finalmente fue dejada en libertad.

En el libro “No hay dolor inútil”, realizado por la periodista María Eliana Vega Soto en 1999, se narra éste y otros episodios que llevaron a Marcia a tomar la decisión de quitarse la vida.

“Cuando había pensado que el hecho no pasaría de ser una ingrata experiencia, el 10 de septiembre nuevamente fue detenida. Eran las siete y media de la tarde, y Marcia caminaba por una calle de Lota, cuando fue interceptada por un grupo de civiles que la introdujeron en un furgón color café, donde la trasladaron hasta Playa Colcura”, se puede leer en el texto de María Eliana Vega.

Estando en dicho lugar, la atacaron y sometieron un interrogatorio que tenía como  objetivo averiguar las actividades de la Parroquia de Lota Alto y los grupos juveniles de la comunidad cristiana a cargo del padre Durier.

Debido a los golpes sufridos, debió ser llevada al hospital e internada por 2 días. Si bien no recordaba detalles de lo ocurrido, sí tenía consciencia plena del aspecto de uno de sus victimarios, lo que le permitió realizar una denuncia ante el Juzgado del Crimen de Lota. Sin embargo, eso no impidió que fuera detenida nuevamente el 30 de octubre.

En un vehículo que ella creyó reconocer como el mismo que usaron durante su anterior secuestro, fue llevada hasta el sector de Playa Negra. En el trayecto empezaron a amenazarla y a exigirle que firmara un papel en blanco y otro que tenía acusaciones en contra del padre Durier.

“El interrogatorio fue duro. Cuando le mostraron un documento en que se acusaba al padre Durier de ser comunista y tener un comando y, además de inducir a los jóvenes a realizar actividades extremistas, Marcia se negó rotundamente a firmarlo. Esto enfureció a sus captores que la golpearon con fiereza”, figura en las páginas de “No hay dolor inútil.”

Luego de este último y brutal ataque, Marcia concurrió al Departamento Pastoral de Derechos Humanos del Arzobispado de Concepción para contar su historia y, con ayuda de su abogada Martita Wömer, interponer un recurso de amparo preventivo a su favor ante la Corte de Apelaciones de Concepción.

A pesar de la ayuda de su familia y entorno, Marcia no pudo superar la persecución, el abuso y la tortura a las que fue expuesta, inmolándose frente a la Iglesia de Lota, falleciendo horas después de ese fatídico 23 de noviembre de 1984 y no quedando más testimonio de Marcia que la frase “no puedo seguir viviendo, después de todo lo que me han hecho”, encontrada en una de las 3 cartas escritas por la joven antes de morir.

Días posteriores a la muerte de la joven, tanto el subprefecto jefe del ejército zonal, Hernán Venegas, como el Intendente Regional, Brigadier General Eduardo Ibáñez Tillería negaron las detenciones y por consiguiente, cualquier tipo de responsabilidad en la decisión de Marcia, siendo reconocida como víctima recién en 1996, en el último informe  sobre calificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de violencia política, elaborado por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

“Considerando los antecedentes reunidos y la investigación –se lee en la página 447 del volumen–  el Consejo Superior llegó a la convicción de que Marcia Elena Miranda Díaz, tomó la determinación de quitarse la vida inclinada por el temor a sufrir nuevamente las torturas, vejámenes y golpes a que  fue sometida  por agentes del Estado. Por tal razón, la declaró víctima de violación de derechos humanos”.