El 16 de diciembre de 1977 la Asamblea General de Naciones Unidas, en su 105º sesión plenaria, votó por abrumadora mayoría la aprobación de una resolución que constataba y condenaba la sistemática violación a los derechos humanos en Chile cometidas por la dictadura encabezada por Augusto Pinochet.

La declaración señala, en su punto número 1, la “profunda indignación por el hecho de que el pueblo chileno continúe sometido a violaciones constantes y patentes de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, siga careciendo de salvaguardias institucionales y judiciales adecuadas de sus derechos y libertades y sufriendo atentados contra la libertad e integridad personales, en particular por métodos de intimidación sistemática, inclusive la tortura, la desaparición de personas por motivos políticos, las detenciones, los encarcelamientos y los destierros arbitrarios y los casos de privación de la nacionalidad chilena”.

En el punto 6, en tanto, “exige a las autoridades chilenas que pongan fin inmediatamente a la práctica de detenciones secretas inadmisibles y la subsiguiente desaparición de personas cuyo encarcelamiento se niega sistemáticamente, o nunca se reconoce, y que aclaren sin tardanza la situación de esas personas”.

La dureza de las afirmaciones realizadas por la ONU provocó una fuerte reacción de Pinochet, que intentó presentar esta resolución como un ataque en contra del país y no, como era en realidad, en contra de las prácticas del gobierno dictatorial. Así, decidió convocar a una Consulta Nacional, para solicitar su rechazo en las urnas, la que se llevó a cabo el 4 de enero de 1978.

Celebrado sin registros electorales y bajo Estado de Sitio, los chilenos y chilenas fueron llamados a las urnas únicamente mostrando su carnet de identidad, al que se le cortaba una esquina como medida de control para evitar una votación duplicada. En la papeleta se leía: “Frente a la agresión internacional desatada en contra de nuestra Patria, respaldo al Presidente Pinochet en su defensa de la dignidad de Chile, y reafirmo la legitimidad del Gobierno de la República para encabezar soberanamente el proceso de institucionalidad del país”.