El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es, antes que nada, un acto de reparación moral a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado entre el 11 de septiembre y el 11 de marzo de 1990. Una recomendación temprana del Informe Rettig, hecha realidad por la presidenta Michelle Bachelet, que interpretó y canalizó un amplio consenso de la sociedad chilena a favor de condenar esos hechos. Es también el lugar privilegiado de la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos: el sitio donde se resguardan los archivos de los organismos de defensa de los derechos humanos, incluyendo los de la Comisión de Verdad y Reconciliación (Rettig) y la Comisión sobre Prisión Política y Tortura (Valech).