meritbetmeritroyalbet girişmeritroyal betmadrid betelexusbetelexusbet giriş Reconstruyendo memoria: Los Hornos de Lonquén | Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
Reconstruyendo memoria: Los Hornos de Lonquén

El caso Hornos de Lonquén fue uno de los primeros hechos en sacar a la luz pública las prácticas de asesinato y ocultamiento de cuerpos por parte de la dictadura chilena, dejando en evidencia lo que los medios oficialistas y el propio régimen militar buscaban ocultar.

El 30 de noviembre de 1978, 5 años desde el inicio de la dictadura civil-militar chilena liderada por Augusto Pinochet, la Vicaría de la Solidaridad -en ese entonces bajo la dirección del sacerdote Cristián Precht- anunció el hallazgo de 15 cadáveres en unos hornos de Lonquén.

Estas declaraciones dieron origen a una comisión encargada de ir durante ese mismo día a Lonquén y verificar dichas afirmaciones, conformada por Enrique Alvear, obispo auxiliar de Santiago; el Vicario Precht; Javier Egaña, secretario ejecutivo de la Vicaría de la Solidaridad; Alejandro González, abogado jefe de la misma institución; Máximo Pacheco, abogado; el director de la revista Qué Pasa, Jaime Martínez y el subdirector de la revista Hoy, Abraham Santibáñez.

Al día siguiente y en su regreso a Santiago, los más altos funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad, se dirigieron a la Corte Suprema para presentar la denuncia y pedir una investigación. Una vez terminada esta indagación, los familiares pidieron que se les entregaran los cuerpos de las víctimas para sepultarlos, pero el Fiscal Militar Gonzalo Salazar ordenó entregar los restos, los cuales fueron sacados esa noche del Instituto Médico Legal en forma oculta y enterrados en una fosa común, en la denominada operación “Retiro de Televisores”.

En marzo de 1980 los hornos fueron comprados por un particular, dinamitados y cerrados al público. Los años pasaron y fue recién en 2014 cuando la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Adriana Sottovia, dictó acusación contra siete carabineros en retiro para, dos años después –en septiembre de 2016– ser condenados por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y secuestro simple, a cargo  de la ministra en visita del caso Hornos de Lonquén, Marianela Cifuentes Alarcón.

 

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